jueves, 6 de noviembre de 2014

LA CRISIS ECONÓMICA Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LA SALUD



La OMS definió la salud, en 1948,  como un estado de bienestar físico,  psíquico y social, y no meramente como la  ausencia de enfermedad.

Sabemos que la salud  está determinada por las condiciones económicas, sociales culturales,   y biológicas, tanto  individuales como  colectivas.

Pero la sociedad que conocemos, basada en el beneficio privado y en el dominio arbitrario de las grandes corporaciones,  se caracteriza por las desigualdades en estas condiciones,  y por consiguiente, en el  estado de salud de las personas.

 Las diferencias   afectan tanto a la esperanza de vida como a la incidencia y prevalencia de enfermedades, a la carga de morbilidad, y  a  la discapacidad.

La  crisis económica y  financiera, así como   las políticas laborales y fiscales  aplicadas por los gobiernos del PSOE y del PP, han provocado  un empobrecimiento generalizado de la población,  como consecuencia del  desempleo,  la disminución  de salarios y la perdida de valor de los activos inmobiliarios.

Asimismo, la  reducción de presupuestos en  sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y vivienda, así como en las  transferencias de rentas, en pensiones y  otras ayudas económicas,  han empeorado la salud y el bienestar de los  sectores más vulnerables: los parados, los niños, los ancianos, las  madres solteras y  los enfermos crónicos

El informe SESPAS 2014, resume los datos disponibles en relación con la repercusión sobre la salud, que, conviene reconocer,  no podemos equiparar completamente con el bienestar, como hace la de la definición de la OMS.

 Los estudios realizados en estos años confirman el empeoramiento de la salud mental,  con un aumento de las consultas por ansiedad y depresión, así como de problemas relacionados con el alcohol. Más controvertido es el aumento de los suicidios.

Su efecto también se hace notar  en el aumento de la inseguridad alimentaría, en la desnutrición y la  mala nutrición (obesidad), en  importantes franjas de la población.

Asimismo, existen datos que demuestran tanto un aumento de las enfermedades infecciosas invernales, en  relación con la pobreza energética, y sus consecuencias sobre la habitabilidad de las viviendas, como de las infecciones de transmisión sexual, por las dificultades de acceso a los servicios y a las medidas preventivas.

No parecen haber  repercusiones sobre la mortalidad y esperanza de vida, al menos de forma inmediata Se debe  tener en cuenta que muchas de las repercusiones tan solo serán visibles pasados unos años, por lo que es fundamental un  adecuado seguimiento  de los   indicadores de Salud.

Además de los recortes presupuestarios se han producido modificaciones regresivas  en la legislación. En el caso de la sanidad, el   cambio normativo  se ha realizado  mediante el  RDL 16/2012,  que modifica el aseguramiento (el derecho a las prestaciones)  e introduce el copago en colectivos que no lo tenían previamente.

En estos años han aumentado las listas de espera y  el gasto privado de los ciudadanos, en copago de medicamentos, y en la suscripción de seguros privados.

Seguros privados que se aprovechan de la libre elección que se permite  a los beneficiarios de las  mutualidades de funcionarios, administración de justicia y militares, y que presionan para fragmentar y debilitar  el aseguramiento público.

El alargamiento de los tiempos de espera no es un problema menor. Supone dolor, incertidumbre, y, en ocasiones, aumento del riego de muerte de los pacientes.

Desgraciadamente, la persistencia  de una situación degradada en lo económico y en lo político, no nos permite ser optimistas. Los altos niveles de desempleo  y empobrecimiento de la población  no se van solucionar de inmediato.

Aunque no existan soluciones mágicas, tenemos que  denunciar que las políticas aplicadas no han sido dirigidas a ayudar a los sectores más castigados  por la crisis, sino   todo lo contrario.

Para paliar esta situación es necesario  acabar con los recortes en los presupuestos dedicados   a  la salud y  mejorar la gestión de los recursos  existentes.

 Se debe llevar a cabo  una reforma fiscal  progresiva,  que combata el fraude, y que haga posible una mayor recaudación,   con destino finalista a las políticas sociales.

Es urgente  garantizar una  renta básica suficiente  a todos los desempleados y a  sus familias,  un impulso a  la redistribución del empleo  y combatir la explotación laboral.

Asimismo, es fundamental un cambio cultural,  replanteando los hábitos de consumo superfluo, perjudiciales para la salud, y  la medicalización de los problemas sociales.

Debemos perseverar  en la defensa de lo público, y en combatir las desigualdades, no permitiendo más  retrocesos en el aseguramiento y en las prestaciones.









domingo, 19 de agosto de 2012

EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA EN ESPAÑA Y LA REFORMA DEL PP


La llegada del Partido Popular al Gobierno de España, y los cambios introducidos en la legislación, han originado un debate sobre el retroceso que puedan provocar en el derecho a la asistencia sanitaria de los españoles, y de los extranjeros residentes en España.

Los cambios se han materializado en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Las medidas introducidas afectan al derecho a la prestación, al contenido de la misma, a la política farmacéutica, y a diversos aspectos organizativos, financieros y profesionales. Me centraré en este artículo en lo referente al derecho a la prestación.


¿Cuál era la situación previa? La Ley General de Sanidad (1986) estableció en su artículo 1.2 que “son titulares del derecho de protección de la salud y a la asistencia sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”.

Sin embargo, esta Ley no supuso un aseguramiento público universal, ya que el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, mantuvo la asistencia sanitaria como una prestación contributiva de la misma, y la financiación se realizo con las cuotas de trabajadores y empresarios hasta el año 1999, cuando pasó a ser, en su mayor parte, a través de los impuestos. De hecho, la mayoría de los españoles, siguen creyendo que la sanidad se financia con las cuotas de la seguridad social.

La dualidad de la prestación sanitaria se mantuvo en los cambios legislativos posteriores. Así, por un lado, en los artículos 3.1 de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y 2.2 del Real Decreto 1030/2006, por el que se estableció la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se mantuvo el concepto introducido en la Ley General de Sanidad. Y por otro, según el articulo 86 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por Ley 21/2001, de financiación de las Comunidades Autónomas, la asistencia sanitaria es una prestación no contributiva de la misma.


Asimismo, se mantuvo dentro del ámbito de la Seguridad Social a las mutualidades de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a los regimenes específicos de los funcionarios civiles del Estado, del personal de las Fuerzas armadas y del personal de la Administración de Justicia.

Los afiliados de estos regímenes tienen el privilegio de pagar menos cuotas, y  la posibilidad de elegir entre asistencia pública o privada, lo que les permite no tener que sufrir las listas de espera del resto de los ciudadanos.


La responsabilidad de mantener esta dualidad es de los dos grandes partidos estatales, del PSOE y Partido Popular. Son los responsables de que nunca se avanzara a un aseguramiento público universal, para todos los ciudadanos, independientemente de sus rentas y su situación laboral.

Y son responsables, de que las personas sin recursos, tuvieran que “arreglar los papeles”, para tener derecho a la asistencia, después de acreditar que eran pobres, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1088/1989, por el que se extendía la cobertura de de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes.

Se entendía, según ese Decreto, que no tenían recursos económicos, “las personas cuyas rentas, de cualquier naturaleza, sean iguales o inferiores en cómputo anual al salario mínimo interprofesional”. Asimismo, se reconocía el derecho a la asistencia aunque se superase dicho limite, “si el cociente entre las rentas anuales y el numero de menores o incapacitados a su cargo fuera igual o menor a la mitad del salario mínimo interprofesional.”.

Para intentar frenar las protestas de los ciudadanos que, como consecuencia de la crisis, se quedaban sin derecho a la asistencia, se introdujo, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Disposición adicional sexta, sobre la Extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública, que dice lo siguiente

“1. Se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.

Esta extensión, que tendrá como mínimo el alcance previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se hace sin perjuicio de lo expresado en los apartados siguientes y de la exigencia de las correspondientes obligaciones a aquellos terceros legalmente obligados al pago de dicha asistencia de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y de lo dispuesto en los reglamentos comunitarios europeos y convenios internacionales en la materia.


La extensión prevista en este apartado será efectiva para las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012.

Para el resto de colectivos afectados se realizará, atendiendo a la evolución de las cuentas públicas, en los términos previstos en el apartado 3.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o de beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por MUFACE, MUGEJU o ISFAS, que mantendrán su régimen jurídico específico. Al respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo a la normativa vigente.

3. En el plazo de seis meses, el Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia.”



Así estaban las cosas cuando el PSOE dejó el gobierno. No había asistencia pública universal, aunque ahora quieran hacer ver lo contrario.

Lo que hace la nueva legislación es introducir un listado de quienes tienen la consideración de asegurados y beneficiarios de los asegurados, con derecho a la asistencia sanitaria. Se excluye de esa condición a las personas con rentas superiores a cien mil euros anuales que no tengan seguridad social.

Para los que no tengan la condición de asegurados, sean o no españoles, se establece la posibilidad de unos convenios especiales, pendientes de regular.

El cambio se realiza modificando el articulo 3, de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, a través del Real Decreto Ley 16/2012, y sustituyendo el Real Decreto 1088/1989, mencionado previamente, por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

En resumen, con respecto al derecho a la prestación de los españoles, y teniendo en cuenta el conjunto de normas vigentes, se mantiene el carácter dual del mismo, sin garantizar el aseguramiento universal de todos los españoles. Unos cambios innecesarios, regresivos, que solo sirven para crear incertidumbre e inseguridad en los ciudadanos.

Con respecto a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, se modifica la legislación, desapareciendo el derecho a la asistencia sanitaria no urgente, en los mayores de dieciocho años. Este retroceso, afecta a una población muy vulnerable, y es muy controvertido políticamente.

Ante las protestas, algunas comunidades autónomas, han dicho públicamente, que continuaran dando la asistencia a los inmigrantes como se ha hecho hasta ahora.


Esto sería posible, si existe determinación, ya que existen razones humanitarias y de salud públicas que lo aconsejan. Es un asunto poco importante desde el punto de vista presupuestario, y no existe un flujo de inmigrantes preocupante en estos momentos.

Asimismo, las comunidades autónomas tiene la competencia para establecer el procedimiento para el acceso a los servicios que hacen efectivas las prestaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, y existen antecedentes en ese sentido, como la Sentencia 98/2004, del Tribunal Constitucional, que dio la razón a Canarias, en un contencioso donde se discutía la naturaleza constitucional del derecho a la asistencia sanitaria.

Desde esta página , seguimos defendiendo el aseguramiento público universal, a todos los ciudadanos/as españoles y a los extranjeros residentes legalmente en España.

lunes, 2 de enero de 2012

EL GOBIERNO DEL PP Y LA SANIDAD

El Gobierno del Partido Popular ha comenzado su andadura aprobando un paquete inicial de medidas anti crisis, que suponen un recorte inicial de 8900 millones de euros, de los que 409 corresponden  al Ministerio de Sanidad, un aumento de impuestos y tasas y una congelación de las retribuciones de los empleados públicos.

Se justificaron estas medidas en la necesidad de reducir el déficit público al 4.4 % del  PIB en el año 2012, y en la herencia del gobierno anterior.

Se han prorrogado los presupuestos del 2011 hasta marzo, y se anuncian nuevos recortes y subidas de impuestos una vez establecido un nuevo objetivo de déficit del 5.3%

Mucho nos tememos, que entre las medidas futuras estén la introducción de formulas de copago, al estilo de las que se han establecido en Cataluña, la disminución de las actuales prestaciones,  y desgravaciones para los que suscriban   seguros privados.

El camino de la austeridad, que se hace recaer fundamentalmente  en las rentas del trabajo,  nos traerá más paro, más empobrecimiento general y un deterioro de los servicios públicos sanitarios.

De nada valen sus promesas de que no será así. Ya hemos comprobado de  que valen los programas electorales. Un fraude continuo, que no nos deja otro camino que la protesta ciudadana, con el objeto de derribar este gobierno anti-democrático, la reforma de la Ley Electoral y la convocatoria de nuevas elecciones

lunes, 31 de enero de 2011

LOS RECORTES Y EL COPAGO

El año 2011 contempla una reducción presupuestaria en sanidad, en todas las Comunidades Autónomas.


Este recorte se traducirá en un aumento de las listas de espera, ya de por si alarmantes. Los que no tienen dinero esperarán meses por un diagnostico de cancer, por ejemplo,  mientras empeoran sus posibilidades de curación. Los más afortunados se ven obligados a acudir a la medicina privada.


El déficit y la deuda en sanidad es importante. Este es uno de los mecanismos a través de los que se engaña a la Unión Europea, ya que nos tememos que no aparece en las cuentas  oficiales del Estado.


De nuevo se habla del copago, aunque el señor Zapatero, al que no podemos creer, lo niegue. Hay que partir de la base de que ya existe el copago en farmacia, por lo que no es descartable que se intente aumentar el porcentaje a pagar por los usuarios.


En esta batalla tenemos que estar, si no queremos pagar la sanidad pública por partida doble, y frenar su alarmante deterioro.

SOBRE ESTE BLOG

Nuestro objetivo es la defensa de la salud, analizando las condiciones que la hacen posible, y de los servicios sanitarios y sociales, que facilitan la misma.


Nuestra posición de partida es la defensa de unos   servicios sanitarios públicos, financiados por medio de impuestos, con acceso universal, y de calidad.


Entendemos por calidad el que sean seguros, eficaces, eficientes y que  no discriminen a las personas por razón de sexo, color de la piel. ubicación territorial o estatus socio-económico.